El golpe
de Estado: 53 años después
El que
tiene toda la fuerza y no usa de ella cuando la ocasión precisa, ejerce uno de
los más abominables abusos de la fuerza”.
CLEMENCEAU
El viernes
20 de septiembre estalló una huelga del comercio convocada por un Comité Cívico
Anti-Comunista, detrás de la cual se encontraban los directivos de del
movimiento derechista Acción Dominicana Independiente. El Gobierno declaró ilegal el paro, que
afectó casi en su totalidad las actividades comerciales de Santo Domingo y
otras ciudades del país. En Santiago, la
paralización cobró fuerza en horas de la mañana, pero poco después del mediodía
tendió a debilitarse.
La
protesta provocó reacciones airadas de los partidos opuestos a una interrupción
del orden constitucional, expresadas en comunicados del PRD, el Catorce de
Junio e incluso del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), que tan
crítico fuera de Bosch a lo largo de estos últimos siete meses. Pero la paralización constituyó un éxito
rotundo para sus organizadores y permitió sacar a relucir las serias divisiones
que aquejaban a los grupos dispuestos a respaldar a Bosch, cuya situación
parecía ir resquebrajándose. Desde su
regreso de México a comienzos de esa semana, el Presidente parecía encontrarse
en peor posición que al momento de emprender el viaje.
El paro
comercial se hizo sin una convocatoria previa.
Fue el resultado de una labor de agitación que logró ese mismo día
fundir en una sola protesta toda la frustración y desencanto que la política
del Gobierno había acumulado en los sectores patronales. Se decidió como fruto de un insuperable
desacuerdo con respecto al lugar de celebración de la próxima manifestación
pública de Reafirmación Cristiana”.
Tomás
Reyes Cerda, de 39 años, funcionario del Consejo de Estado en el área de la
información, al cesar en sus funciones como director de Radio Caribe al
ascender Bosch al poder, había quedado como comentarista del programa radial de
Unión Cívica Nacional. Era un periodista
muy influyente y combativo. Corresponsal
de la estación newyorkina WRL, compartía esas obligaciones con un puesto de
redactor en Prensa Libre, el periódico de Bonilla Aybar.
La
redacción del diario funcionaba en un edificio de dos plantas ubicado en la
intersección de las calles El Conde y Espaillat, en el corazón de la zona colonial. En ese inmueble estaban también las oficinas
principales de la UCN. Reyes Cerda,
fiero opositor a Bosch, era uno de los miembros fundadores de Acción Dominicana
Independiente (ADI).
A
comienzos de semana, después del éxito de una concentración de Reafirmación
Cristiana en Azua, los directivos de ADI discutían la sede y fecha de la décima
y próxima manifestación. Enrique Alfau
propuso Barahona, que era un baluarte del PRD.
La ciudad sureña, con un importante puerto, poseía un ingenio azucarero y
minas de sal y yeso. Por su condición de
centro laboral, la oposición conservadora al Gobierno carecía allí de muchos
adeptos.
La
objeción que Reyes Cerda puso a esa ciudad como sede la décima manifestación
cristiana no tenía que ver solamente con ello.
Barahona distaba a unos 204 kilómetros al sur de Santo Domingo. Esta distancia considerable dificultaba los
arreglos técnicos para la transmisión radial del acto. Onda Musical, con su frecuencia de 49 metros
de onda corta, se había comprometido a transmitirlo. Pero su dueño Ramón Pacheco y Reyes Cerda,
abrigaban dudas sobre la efectividad del alcance de la emisora para conseguir
una buena y nítida transmisión.
Finalmente se acordó que la difusión se haría por La Voz del Trópico,
por donde se transmitían muchos de los programas contrarios al Gobierno,
uniéndosele Onda Musical en cadena.
Quedaba
todavía, sin embargo, la cuestión de si convenía hacerlo en Barahona. La opinión de los que se oponían a realizarlo
en aquella remota ciudad consistía en el poco impacto que tendría. Surgió la idea, en oposición, de efectuar un
paro de actividades en Santo Domingo, para crear una situación de crisis al
Gobierno. La alternativa le pareció
buena a Enrique Alfau quien dio su consentimiento. Bonilla Aybar no estuvo en principio de
acuerdo con el plan.
-Las
huelgas no tumban gobiernos- dijo.
-Esta lo
tumbará- le respondió Reyes Cerda.
La acción
comenzó de inmediato. Alfau, que tenía
excelentes contactos en las altas esferas empresariales y conocía a muchos jefes
militares, se asignó el trabajo de moverse en esas áreas. En esa tarea le ayudaría Horacio Álvarez, uno
de los industriales más importantes del país y un conocido opositor de Bosch. Por su parte, Reyes Cerda, Robinson Ruiz
López, dirigente sindical, y Máximo A. Fiallo, antiguo empleado de la Pan
American experto en radio, se encargarían de convencer al comercio árabe, chino
y español, cuyos integrantes en su mayoría eran contrarios al régimen.
Fiallo, de
51 años, gozaba de gran reputación como técnico de radio, funciones que
desempeñara por espacio de veintiún años en la línea aérea norteamericana. Su padre fue designado cónsul en Nueva
Orleans en 1924, a raíz del ascenso de Horacio Vásquez a la Presidencia. Permaneció en ese cargo hasta que Vásquez rompió
sus vínculos políticos con Federico Velásquez. Fiallo, el padre de Máximo, era
un velasquista furibundo. Mientras su
progenitor ejercía funciones consulares, Máximo se graduaba con honores de high
school en el St. Paul’s College, una de las más famosas instituciones por aquel
entonces del estado sureño de Louisiana.
Era polifacético. Entre muchas
otras habilidades, Fiallo se reputaba como un buen piloto de otros tiempos. Poseía la licencia de aviador civil número
dos de la República Dominicana, que adquiriera a comienzos de los años’40. Durante el Consejo de Estado ocupó las
funciones de jefe de comunicaciones del Aeropuerto. Cuando Bosch ascendió al poder se le canceló
por su relación familiar con el doctor Viriato Fiallo, de quien era primo hermano. Por razones familiares disfrutaba de buenas
relaciones con muchos oficiales de los distingos cuerpos armados: era sobrino
del general Federico Fiallo, muchos años atrás uno de los principales oficiales
de Trujillo.
A pesar de
estos antecedentes, Máximo Fiallo prefería permanecer fuera de la política
partidaria. Se oponía fuertemente a
Bosch, pero tampoco profesaba muchas simpatías hacia la Unión Cívica, con todo
y que su primo hermano, Viriato, era el líder de la organización.
La ADI
consultó a varios jefes militares sobre esta decisión y algunos sugirieron
extender el paro por cinco o seis días la entidad estaba decidida a llevar a
cabo la protesta por una sola jornada.
El hecho de que se hiciera un viernes ayudaba a sus propósitos. Seguía la pausa del fin de semana y el martes
siguiente, 24 de septiembre Día de las Mercedes, era feriado oficial. La paralización debía ser, pues de un solo
día. Esto resultaba imprescindible a los
fines de acreditar la acción como una protesta contra el “avance del
comunismo”, no contra el Gobierno.
Finalmente se adoptó la decisión y Alfau distribuyó las
responsabilidades. En su residencia de
la calle Estrella Sadhalá casi esquina Benito Monción, tenía lugar la mayoría
de estas reuniones. Allí, para los fines prácticos, funcionaba el cuartel
general de ADI.
El paro se
organizó tan herméticamente, que ninguno de los servicios de seguridad fieles
al Gobierno tuvo información anticipada del mismo. Tampoco se hizo mención siquiera de tal
posibilidad en ninguno de los muchos programas de radio afectos al PRD y al
Presidente de la República. Salvador
Pittaluga Nivar, el comentarista de televisión que Bosch había utilizado para
elaborar el protocolo de los actos de juramentación y que hiciera de moderador
en el debate pre-electoral entre Bosch y el sacerdote Láutico García,
menospreció la posibilidad de una paralización de las actividades
comerciales. Se habla en algunos
círculos de una huelga, dijo en su programa de televisión el jueves 19 en la noche. “Son rumores.
No hay motivos de alarma”.
Los
directivos de la ADI que esa noche veían el programa de Pittaluga para
enterarse de las novedades oficiales, saltaron de gozo.
-¡Se
fastidiaron, porque la huelga va mañana!- dijo Alfau.
Reyes
Cerda tenía hecho los contactos para dar inicio a las primeras horas del día
siguiente al paro de actividades del comercio.
Con el propietario de La Voz del Trópico, Joaquín Custals, hizo arreglos para utilizar
esa emisora como un canal de expresión para dirigir la protesta.
-Conmigo
no cuenten…- le había dicho Custals-, pero si ustedes toman la emisora, no me
opondré.
Aún
quedaba un detalle por superar. Custals
tenía como director de la estación a Pedro Justiniano Polanco, simpatizante de
Bosch. Si él le avisaba acerca de la
transmisión, con toda seguridad Justiniano se opondría y tal vez, incluso
avisaría a las autoridades. La única
posibilidad abierta era la fuerza.
Custals dio la solución:
-Si
ustedes toman la emisora, yo no tengo que ver con eso.
Cuando en
horas de la madrugada del viernes 20 de septiembre, Máximo Fiallo y Reyes Cerda
fueron en busca del técnico que se encargaría de hacer las conexiones para
posibilitar la transmisión y la entrada en cadena de otras emisoras, no lo
encontraron en el sitio acordado en el barrio de Ciudad Nueva. Decidieron entonces ir solos a La Voz del
Trópico, situada a poca distancia de la entrada posterior del Palacio Nacional,
en el sector de San Carlos, en pleno centro de la ciudad. Allí se les unió Robinson Ruiz López.
Penetraron
a la estación alrededor de las cinco de la mañana, hora justa en que empezaba
la transmisión del día. Hubo otro
inconveniente. En lugar del joven
locutor y técnico con el que se habían puesto de acuerdo, estaba Ercilio Veloz
Burgos, con el cual aquel había cambiado de turno. Cuando les dijeron qué se proponían, Veloz
Burgos les respondió con una negativa:
-Yo no
tengo instrucciones para eso.
Fiallo
extrajo una pistola de su maletín y le apuntó con resolución:
-¡Estas
son las instrucciones. Tú te quedas ahí
y no jodas!
Veloz
Burgos estaba muy confundido. Reyes
Cerda trató de calmarlo en beneficio del plan:
-Tú sólo
tienes que abrir y cerrar el micrófono cuando yo te diga. No te pasará nada, Ercilio.
Permanecieron
allí por espacio de dos horas difundiendo consignas contra el comunismo y
llamando a huelga del comercio. Como
estaba planificado no difundieron una sola consigna contra el Gobierno. Cuando tenían más de una hora en esa tarea,
Reyes Cerda comenzó a sentirse afectado de ronquera. En el momento en que ya no podía seguir
hablando, se presentó al estudio Pablo Garrido, un joven locutor desafecto a
Bosch, quien tomó el micrófono en su lugar.
Reyes
Cerda me dijo, al entrevistarlo, que en el momento en que comenzó a fallarle la
voz pidió a Robinson Ruiz López que le sustituyera en el micrófono. El sindicalista se negó.
-Tú eres
parte de esta operación. Te estás
metiendo en miedo- le dijo, sin lograr su propósito de que él también hablara
por la radio.
La policía
no se presentó en la emisora hasta aproximadamente las ocho de la mañana, más
de dos horas después de que Fiallo y Reyes Cerda la tomaran por la fuerza. Pero antes de que los agentes llegaran, les
llamó Poncio Pou Saleta, amigo de Antonio Imbert, para informarle que las
autoridades habían silenciado la emisora, cortando el suministro de energía
eléctrica en la torre de transmisión. Si
querían continuar en su labor, podían ir a la emisora de su propiedad, Radio
Pueblo.
Pou era un
sobreviviente de la expedición que en 1959 trató de derrocar a Trujillo. Gozaba de mucho prestigio en los medios
opositores al Gobierno. Su emisora de
radio funcionaba en la zona intramuros, en el barrio San Miguel, de la ciudad
colonial, hacia donde de inmediato se dirigieron Fiallo y Reyes Cerda, ahora
acompañados del joven Pablo Garrido.
Allí les detuvo la policía poco después, poniendo fin a la
transmisión. Un aviso previo les puso en
alerta sobre la llegada de los agentes.
Pero sólo Fiallo consiguió escapar, bajando del segundo piso por el
patio de una casa contigua.
Sin
embargo, para todos los efectos, la labor de estos tres hombres estaba
hecha. Al día siguiente la prensa
matutina resaltaría el éxito del paro contra “el comunismo”. El Listín Diario, un antiguo periódico que
había reaparecido el primero de agosto después de varias décadas de ausencia
por problemas con el régimen de Trujillo, informó que la paralización tuvo
éxito en un 95 por ciento del comercio del Santo Domingo.
Reyes
Cerda y Garrido fueron conducidos ante la presencia del jefe de la
Policía. El general Peguero Guerrero les
dijo:
-Ustedes
están presos por órdenes de Bosch-, pero los despachó esa misma noche.
En
momentos en que Reyes Cerda, Garrido y Fiallo llamaban a la huelga, Enrique
Alfau, de 66 años, se detuvo frente a la casa de su hijo, Enrique Miguel Alfau
(Cuqui), ingeniero de 37 años, y le silbó una contraseña. Cuqui estaba bañándose. Se cambió rápidamente de ropas y acudió al
encuentro con su padre. Alfau quería que
le acompañara a una misión.
Cuqui
compartía los sentimientos anti-bochista de su padre. Era un hombre de principios que actuaba
conforme a sus creencias. Como no
compartía la política de Bosch, renunció sin otros motivos, a un cargo
importante en el Ministerio de Obras Públicas.
Ahora se ocupaba de una ampliación del departamento de Ingeniería del
Central Romana, la empresa azucarera norteamericana a la que Bosch había
acusado antes de querer derrocar al Gobierno, en represalia por la promulgación
de una ley de precio tope del azúcar.
Alfau le
pidió a su hijo que tomara la precaución de ir armado. Cuqui tomó entonces una escopeta calibre 16
de cinco tiros y un revolver 38 con dos cajas de balas. Sólo disponía de permiso legal para el porte
de la escopeta. Alfau lo condujo a su
casa, donde ya había mucha gente esperándole con impaciencia. Encima de un sofá Cuqui pudo observar varias
armas y cajas de tiros sobre una mesa.
En la excitación, pudo reconocer a varios dirigentes y simpatizantes de
ADI, entre ellos a Julio Sauri, Papito Dalmau, Horacio Álvarez Saviñón y su
hijo Horacio.
Poco
después de las diez de la mañana, se presentó Máximo Fiallo a la casa. Venía de acabar la transmisión en La Voz del
Trópico primero y Radio Pueblodespués.
Fiallo instaló un pequeño transmisor portátil y todo quedó preparado
para una nueva transmisión, esta vez en frecuencia de radio aficionado. Fiallo hizo la primera alocución de prueba y
le siguió Alfau, a quien se le ocurrió la idea de lanzar consignas falsas:
“Atención grupo uno, esperen instrucciones”.
Al rato de
haber iniciado la transmisión, son advertidos mediante una llamada telefónica
de que la residencia sería allanada. Los
directivos del ADI habían podido observar momentos antes a un vehículo celular
de la policía, matrícula 1215, dando vueltas por los alrededores. El llamado de aviso, dispersa el grupo. Cuqui Alfau logra huir dejando la escopeta
que tenía permiso legal en la casa.
Dentro de su maletín portaba el revólver calibre 38, que lleva a la
residencia de Dalmau.
Entre
tanto, la policía detenía a don Enrique Alfau.
Cuando los directivos de ADI llegan a la jefatura del cuerpo para
reclamar su libertad. Se estaban allí preparando para llevarle ante el Fiscal
Ramón Morel Cerda, quien más tarde ese día la acusa de portar una escopeta
ilegalmente. Cuqui extrae de sus
bolsillos el permiso legal del arma y el fiscal no tiene más remedio que
ordenar su puesta en libertad. Enrique
Alfau sería nuevamente detenido al día siguiente, sábado de septiembre, por sospechas de actividades
conspirativas. Una fianza esa misma
tarde logra ponerle otra vez en libertad, por segunda ocasión en dos días.
Después
que allanaron la residencia de Alfau el viernes 20, Fiallo instaló su
transmisor portátil en su automóvil, utilizando otra banda de aficionados. Lo puso a funcionar cambiando cada cinco o diez
minutos de lugar, moviéndose por toda la ciudad, colocando una antena y
cambiando de posición con frecuencia, para evitar una localización de sus
coordenadas. En la calle Pasteur, en el
sector residencial de Gazcue, sube al techo de una casa deshabitada, para
continuar desde allí la transmisión. De
pronto resbaló cayendo encima de un gallinero.
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Ese día
Bosch no fue temprano, como de costumbre, a su despacho del Palacio
Nacional. Se quedó en la casa analizando
la situación con algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos.
Cuando la
paralización comenzó a tener éxito y las exhortaciones radiales se hallaban en
su punto más alto, Washington de Peña fe en busca de José Francisco Peña Gómez,
secretario general del PRD, para dirigirse juntos a casa de Bosch. De Peña, había ocupado la secretaría general
del partido hasta marzo, cuando serios desacuerdos con Bosch provocaron su
renuncia. El Presidente le había comunicado
su decisión de convertir los locales del PRD en escuelas y bibliotecas. Él le dijo entonces que lo declararía en
actividad permanente para reclamarle al Gobierno cargos para sus dirigentes y
militantes. Bosch le retó a hacerlo del conflicto Peña Gómez pasó a reemplazarle
en la secretaría general. Sus relaciones
con Bosch empeoraron, a pesar de los estrechos vínculos que unían a su madre,
Esperanza de Peña, con el mandatario.
Debido a la intervención de la dama, Bosch aceptó reunirse de nuevo con
De Peña a quien ofreció enviarle como embajador viajero en misión por África. Informado por Peña Gómez de los problemas
políticos del Gobierno, regresó a comienzos de septiembre, sin haber cumplido
la misión que se le había encomendado por países africanos, ninguno de los
cuales llegó a visitar. De Peña era
médico de profesión y estaba reconsiderando seriamente en esos días echar a un
lado la política y dedicarse de nuevo al ejercicio de la medicina.
Washington
de Peña y Peña Gómez encontraron a Bosch reunido con los secretarios Jaar, de
la Presidencia y Majluta, de Finanzas, cuando los dos dirigentes del PRD
llegaron a su residencia. Fabio Herrera,
viceministro de la Presidencia, esperaba en la sala instrucciones del
Presidente. El coronel Calderón estaba
ocupado en otros asuntos de la seguridad.
La
ausencia en este momento crucial de Ángel Miolán, quien poseía el verdadero
control de la maquinaria partidaria, era una muestra elocuente del
distanciamiento. Miolán había dejado de visitar hacía tiempo la casa de
Bosch tampoco iba al Palacio
Nacional. El ambiente en la casa presidencial
era tenso. Reinaba una atmósfera
agobiante, acentuada por el creciente nerviosismo que parecía dominar a los que
allí discutían la suerte del Gobierno.
Washington
de Peña casi le grita a Bosch que debe tomar una decisión ahí mismo y permitir que
él y Peña Gómez acudieran a la radiotelevisora oficial a combatir, con los
mismos medios, los intentos de subversión contra el Gobierno. Majluta está de acuerdo y dice que deben
poner en su sitio a la gente que conspira.
-¡Esto (el
paro del comercio y la agitación radial) es un crimen contra la República!-
dice Washington de Peña sin poder casi controlarse.
Después de
una acalorada y larga discusión, parecen llegar a un acuerdo. Majluta toma un pedazo de papel en blanco y
escribe una extensa lista de nombres en él y lo pasa a sus compañeros De Peña y
Peña Gómez. Bosch llama a Julio César
Martínez, director de la radiotelevisora estatal y le instruye para que se
habilite una cabina de transmisión a los dos dirigentes del PRD.
-¡Hay que
defender al Gobierno constitucional!- le dice.
Con la
lista de unos 60 comerciantes extranjeros, en su mayoría árabes y españoles que
Majluta, ministro de Finanzas, había escrito de memoria, Washington de Peña y
el secretario general del PRD salieron rápidamente en el automóvil del primero
en dirección a la emisora con la idea “de ponerse cada uno al frente de un
micrófono y empezar a defender al Gobierno y a atacar a sus enemigos”.
Martínez
les vio entrar, fue a su encuentro y sin un previo saludo, les dijo a ambos:
-¡Qué
pendejos están ustedes! ¿Cómo pudieron llegar a pensar que Juan Bosch iba a
entrar en una cosa como esa?- y agregó que el Presidente le había llamado de
nuevo para echar hacia atrás la orden.
Desilusionados,
los dos dirigentes del PRD regresan a casa de Bosch a toda prisa. Pero esta vez no pueden verlo. Se les diría que el Presidente estaba muy
ocupado atendiendo otros asuntos.
Cotejando
todas las entrevistas realizadas a personas que fueron se día testigos de este
incidente, pude determinar que mientras los dos dirigentes se trasladaban a
toda velocidad a la estación de radio y televisión, el viceministro Herrera
convenció a Bosch de que el plan era “una locura” y que a la postre resultaría
“contraproducente” para el Gobierno. Majluta elaboró la lista sentado a la mesa
del comedor, teniendo a Bosch a su lado.
El plan era denunciar la participación de esos comerciantes extranjeros
en la “conspiración que estaba en marcha” para justificar su inmediata deportación. El grupo sería sacado del país en un avión
militar.
Herrera me
dijo que días después de consumado el golpe del 25 de septiembre, un alto jefe
militar le comentó que él, con su actitud, había alargado varios días la vida
del Gobierno. La deportación, quiso
decirle, hubiera precipitado el derrocamiento del Presidente.
Los
matutinos del domingo 22 de septiembre, se hicieron eco de versiones de que
existía la posibilidad de una deportación masiva de comerciantes extranjeros.
“Los rumores de una posible deportación de comerciantes extranjeros que se
solidarizaron con el cierre, no pudieron ser confirmados”, conjeturó El
Caribe. “Se señaló que esa medida fue
solicitada al Gobierno por las organizaciones de izquierda contra quienes,
aparentemente, se había originado la protesta huelguística”.
De todas
maneras, el Gobierno reaccionó con energía al paro del comercio. Utilizando varios recursos obtuvo el cierre
de emisoras que habían estado formulando exhortaciones al paro de actividades
comerciales. A varias de ellas se les
cortó el suministro de energía eléctrica. La compañía estatal de electricidad
aprovechó el hecho de que algunas de las afectadas estaban atrasadas en el pago
del servicio.
Los
periódicos y las estaciones de radio se llenaron pronto de comunicados y
declaraciones de apoyo al paro, por un lado, y de repudio al cierre, por el
otro. El PRD, el Partido Revolucionario
Social Cristiano (PRSC) y el Catorce de Junio denunciaron la paralización como
un intento de derrocar al régimen constitucional. Las Fuerzas Armadas emitieron una declaración
enérgica de respaldo irrestricto al Presidente y al orden constitucional. En una nota de primera página de la edición
del domingo 22, El Caribe resaltaba que este apoyo militar, a juicio de “observadores”,
constituía una clara señal de que el movimiento no estaba “vinculado con un
golpe de estado”.
Organizaciones
de izquierda salieron en defensa del régimen, calificando, sin embargo, el
cierre de actividades del viernes 20 como parte de un plan subversivo, pidiendo
sanciones severas contra los responsables.
El Catorce de Junio aseguraba que los comerciantes que cerraron sus
negocios atendiendo a las incitaciones radiales habían violado la Constitución,
por lo cual se hacían pasibles de acciones legales. Por su parte, el denominado Comité Cívico
Anti-comunista, responsable de la huelga, explicó que su objetivo no era
derrocar al Gobierno, sino llevar a cabo una protesta contra la creciente
infiltración comunista en la República Dominicana. “El Gobierno ha dado en esta ocasión pruebas
manifiestas de que sólo es activo para acallar la voz de la fe y de las
tradiciones espirituales del pueblo dominicano”, alegaba en un comunicado de
prensa.
El
Gobierno se resintió por los efectos, en tales circunstancias, de un artículo
del ex presidente Balaguer, publicado en los periódicos de ese día, titulado
“Las tres comidas calientes”. Tratábase
de una crítica a la política económica que tocaba uno de los nervios más
sensibles de la crisis. Balaguer
consideraba la situación del país más difícil cada día y decía que la ayuda
recibida en el país en los dos últimos años no guardaba proporción con las
calamidades existentes. Censuraba los
proyectos de leyes de confiscación y de plusvalía y afirmaba que el Gobierno
debía cambiar de orientación. El imperativo
consistía en “no hacer justicia social
para repartir rencor, sino hacer justicia social para difundir y para propagar
riquezas”.
Este
artículo había sido escrito por Balaguer, desde su exilio en Nueva York, días
antes del paro de actividades del comercio y sin contar, probablemente, con
informaciones previas del mismo. Su
propósito podía ser otro, pero la coincidencia de su publicación con el cierre
de negocios encolerizó al Gobierno que denunció, por distintas vías, una
presunta vinculación entre las fuerzas trujillistas que aquel representaba y
los grupos de la extrema derecha que habían incitado a la subversión del orden.
(Bosch haría luego mención de este artículo de Balaguer en su libro Crisis de
la Democracia.)
Parecía
que todo se le venía encima al Gobierno, puesto que los trabajadores de la
Azucarera Haina, el ingenio más grande del país, se proponía realizar una
huelga el lunes siguiente, 23 de septiembre.
Si esta huelga se daba, la posibilidad de que el comercio cerrara
nuevamente sus puertas resultaba un hecho.
En el fin de semana, todos los esfuerzos se concentraron en evitar que
esta protesta laboral se diera.
El sábado,
sin embargo, un comunicado, de los muchos publicados ese día en apoyo y repudio
del paro del comercio, preocupó grandemente a las altas esferas
palaciegas. La Asociación de Industrias,
si bien negaba en el documento haber tenido participación en la preparación del
paro patronal –así lo llamaba-, anunciaba que la cooperación de los
industriales al éxito del mismo se debía a su exclusiva voluntad “como un
desesperado repudio a la creciente infiltración comunista en el país”. Esa infiltración, decía, que “el Gobierno se
obstina en ignorar”.
La
asociación de industriales no hacía mención alguna de la toma violenta de
emisoras de radio para difundir proclamas a favor del paro. En cambio, señalaba: “Al repudiar y condenar,
en forma responsable, los insultantes, soeces y difamatorios pronunciamientos
realizados por Radio Santo Domingo (la emisora estatal), contra los
industriales y comerciantes que intervinieron en el paro, esta Asociación ha
visto además con profunda indignación que dicha radio oficial haya también
transmitido la alocución de un conocido líder comunista, el cual, con notoria
indiferencia gubernamental, ya venido pronunciando una serie de conferencias de
adoctrinamiento marxista-leninista, dictadas, la mayor parte de ellas, en los
locales de las gobernaciones y ayuntamientos”.
Ese líder comunista era Manolo Tavárez, del Catorce de Junio.
El
comunicado, más que un respaldo al cierre de comercio del día anterior,
constituía una abierta declaración de rompimiento de todo vínculo con el Gobierno. Bosch debía saber que no podría esperar en lo
adelante apoyo de este importante sector en la eventualidad de otra crisis
política. Sin duda, el país marchaba
directo hacia una definición. Pero el
Gobierno no tenía razones para pensar que un desenlace estuviera próximo. De todas formas, aún en medio de la situación
crítica por la que atravesaba, el apoyo firme de los mandos militares era un
fuerte sostén en donde apoyarse. Eso
creía Bosch.
La nación
parecía muy dividida. Mientras el Catorce
de Junio llamaba a una defensa de la constitucionalidad e instaba al Gobierno a
adoptar “medidas enérgicas contra los que están violando nuestras leyes y
atentando contra la seguridad y la paz pública” y de paso le pedía abandonar su
política de “tolerancia con los enemigos del pueblo”, los diarios publicaban
editoriales condenando el cierre de estaciones de radio y televisión.
Un
comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas Profesionales uniéndose a
esas protestas, consternó las esferas oficiales. El documento, suscrito por Carlos Curiel,
Pedro Fernández Peix, Luis Miura Baralt, Miguel Ángel Velázquez Mainardi y
Rafael Molina Morillo, demandaba la rectificación de la medida contra la
prensa, advirtiendo que de prolongarse la situación, el Gobierno se pondría “al
margen de la democracia y la constitucionalidad”. En particular este documento resaltaba la
profundidad de los problemas que encaraba el Gobierno porque entre los
firmantes figuraban gente que en lo habitual simpatizaba con Bosch y estaba de
acuerdo con la política de éste.
Bosch, que
apenas finalizaba su séptimo mes en el poder, se hallaba virtualmente
arrinconado. Una nueva crisis
político-militar con Haití sellaría su suerte.
Por: Miguel Guerrero

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