La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) consideró este lunes que es oportuno discutir ampliamente sobre la transparencia en el ejercicio político en la República Dominicana y contribuir de esta manera al fortalecimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho.
La entidad cívica afirma que los recientes hechos de corrupción transnacional muestran que el manejo opaco del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, así como la exclusión del tema a lo interno de esas entidades, continúa siendo una de las mayores debilidades de nuestro régimen democrático.
Señala que mientras el tema de los recursos que manejan las organizaciones políticas no sea debatido a profundidad en toda la sociedad, será imposible alcanzar un consenso que abra las puertas para renovar el sistema de partidos y definir nuevas prácticas democráticas y mejores condiciones para asegurar la gobernabilidad y la economía.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente de FINJUS, sostiene que es un gran reto propiciar los espacios de diálogo donde los partidos y la sociedad se encuentren y expresen su voluntad política sincera, al tiempo que se adelantan pasos concretos que contribuyan a hacer de la política y el ejercicio del poder verdaderos actos de servicio y aportes al bienestar común.
“Hay que recordar que el texto de nuestra Constitución en el artículo 212 regula la organización y funcionamiento de la Junta Central Electoral. Por el momento, es necesario indicar que dentro de este articulado, específicamente en su párrafo IV, se establece que la JCE “tendrá la facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña…”, lo que resalta la existencia de un claro mandato constitucional para el tema que nos ocupa”, expresa.
Asegura que ante cada campaña electoral, o ante cada caso de corrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta de transparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política.
“Por tanto –añade- una eventual reforma de la Ley Electoral y la promulgación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas cobra mayor sentido en aras de solucionar estas problemáticas”.
Deplora que si bien la Ley Electoral plantea la prohibición de los partidos a ser beneficiados económicamente mediante donativos o contribuciones de origen ilícito, no existe una sanción preestablecida o sistema de consecuencias formal que castigue las infracciones al respecto.
Apunta que no se puede obviar el hecho de que promover la configuración formal de un sistema de consecuencias en este ámbito será determinante para el buen funcionamiento democrático de nuestra nación.
Observó que a nivel internacional el financiamiento de las campañas y las organizaciones es un tema recurrente con tendencia a una especialización y mayor rigurosidad en su tratamiento.
Destacó que en países como España existe la Ley de Financiamiento de los partidos políticos, como normativa especializada, separada de sus leyes electorales o sobre Partidos, mientras en Nicaragua, la comisión de delitos en el tema del financiamiento de las campañas conlleva la inhabilitación para el ejercicio del cargo, independiente de cualquier otra sanción civil o penal.
En Colombia, se dispone que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas sea sancionada con la pérdida de investidura o del cargo, mientras que en Ecuador se contempla la posibilidad de que se decrete la “pérdida de la dignidad”, para la cual fue elegido el infractor, en este caso.
POR LUIS BRITO
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