En una sociedad del espectáculo, obsesionada con las formas e
indiferente al fondo, preocupa que un par de oficiales de la Policía
Nacional denuncien en las redes sociales que ganan sueldos de miseria,
“salarios cebolla”. Algunos califican esto como la más grande crisis
disciplinaria de la uniformada. Lamentablemente, la discusión se centra
en eso y se obvia la matriz: la injusticia salarial que impera en la
Policía y el grave problema ético en esta institución.
Sobre lo primero basta ver la escala salarial policial y compararla con otras: un raso 7 mil pesos, un cabo 8 mil, un sargento 9 mil, sargento mayor 11 mil, cadete 12 mil 500, entre otros.
Si comparamos esto con el costo promedio del quintil más básico de la canasta familiar 12 mil pesos, según el Banco Central, es necesario admitir que, efectivamente, se trata de “sueldos cebollas” que causan lágrimas al no satisfacer mínimamente las necesidades básicas.
Mientras eso pasa, hay en el Estado dominicano instituciones, o ¿deberíamos decir “huacales”?, como Inespre donde, como reporta el periódico HOY, hay 35 subdirectores, siete ganan salarios de 150 mil pesos y 28 de 75 mil 660. Igual Bienes Nacionales que tiene 38 subadministradores y/o subdirectores, 32 devengan 90 mil 225 mensual y seis 145 mil.
¿Cuántas injusticias salariales más no persisten en un Estado donde entre el 80 y 85% de la población dominicana empleada en el sector formal gana menos de 15 mil pesos, según la investigación “Empleo, desarrollo juvenil y salario”, del economista Franklin Vásquez.
¿Y qué decir del problema ético que impera en la Policía? Aunque creo que los bajos salarios no justifican que servidores públicos incurran en actos de corrupción, es importante prestar atención al senador peledeísta Wilton Guerrero, quien denunció que jefes de carteles del narcotráfico dirigen la Policía Nacional.
Y he aquí una gran lección que como sociedad debemos aprender, ¡cuanto antes mejor!: durante años los esfuerzos por mejorar la Policía se centraron en reclamar la aprobación de una ley para la Reforma Policial.
La pieza legislativa ya lleva varios meses aprobadas y en nada ha significado el cambio trascendental que urge en la institución del orden. Esto porque, ciertamente, el marco jurídico es importante, pero por si solo no garantiza ningún avance. Debe estar acompañado de voluntad política y actores interesados en sanear la Policía y hacer de ella una institución civil, que no violente derechos ciudadanos, sino que los garantice.
Mientras tanto, los policías están su legítimo derecho a protestar, tal cual lo garantiza la Constitución dominicana que, aunque para muchos es un pedazo de papel modificable a su antojo y conveniencia, está por encima de cualquier ley sectorial, si es verdad que somos un Estado Social Democrático y de Derecho.
Por Millizen Uribe
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